La Emboscada a las Autoridades
Ayer, 27 de septiembre de 2024, una comisión conformada por la diputada María René Álvarez, el alcalde de San Ignacio, Ruddy Dorado, una jueza agroambiental, fiscales, dirigentes locales y personal de la Fundación Natura Bolivia, acompañados por una treintena de policías, ingresó al Bajo Paraguá para inspeccionar los daños y detener a los responsables. Durante esta operación, lograron aprehender a cuatro dirigentes interculturales, sorprendidos in fraganti con maquinaria pesada y combustible para la deforestación.
Sin embargo, los interculturales, en superioridad numérica, emboscaron a la comisión, obligando a las autoridades a huir y exponiendo sus vidas al peligro. Según los últimos reportes, los interculturales persiguieron a los funcionarios hasta la comunidad de Campamento con el objetivo de que la policía y los fiscales liberen a los detenidos que fueron encontrados infraganti.
Complicidad y Financiación Oscura
Las evidencias de complicidad estatal y la posibilidad de financiamiento oscuro se hacen más evidentes cada día. Se han documentado cisternas con el logo de la Alcaldía de San Julián aprovisionando a los ocupantes ilegales con combustible. Además, se ha fotografiado a líderes interculturales de San Julián supervisando las operaciones de desmonte. Los habitantes de la región aseguran que estos colonos están actuando con la promesa de legalización de las tierras, con el apoyo de sectores del gobierno. Los interculturales que ocupan y violan el área protegida NO son sin tierra, son traficantes de tierra, que cuentan con apoyo económico solido para construir viviendas, cuentan con maquinaría para desmontar, maquinarias que cuesta más de 150 mil dólares, solo por mencionar alguna.
Respuestas y Reacciones
Las organizaciones indígenas y los habitantes de la TCO Bajo Paraguá han emitido reiterados llamados de auxilio, instando a las autoridades a intervenir para poner fin a la violencia y la destrucción. Sin embargo, el gobierno ha mantenido un silencio preocupante. Los bomberos y brigadas internacionales han sido impedidos de ingresar a la zona, y los colonos interculturales han establecido retenes armados para controlar el acceso.
La situación se torna cada vez más crítica, con riesgo inminente de enfrentamientos violentos. La semana pasada se registró otro hecho que atento con la vida de las personas. La subalcaldesa de Bajo Paraguá fue tomada como rehén por un breve periodo, en un acto de desesperación por parte de los colonos interculturales que exigen la devolución de combustible y equipos que fueron decomisados por las autoridades municipales la semana pasada.
Un Futuro Incierto
El conflicto en Bajo Paraguá no solo pone en peligro uno de los ecosistemas más valiosos de Bolivia, sino también la vida de quienes intentan defenderlo. La falta de acción por parte de las autoridades nacionales y la creciente violencia en la zona revelan un escenario de impunidad y complicidad que amenaza con destruir el legado natural de la Chiquitania. Es urgente que se tomen medidas inmediatas para salvaguardar tanto el área protegida como a las personas que luchan por su conservación.
Ahora mismo, pedimos a las autoridades de gobierno actuar y salvaguardar la integridad física de toda la comisión que está Bajo Paragua, tratando de hacer cumplir la ley, y respetar el área protegida y Reserva Forestal de Bajo Paragua.